Minería, agua y energía como un solo sistema: Reglas claras y planificación para la transición

En un contexto de creciente demanda mundial de cobre, litio y otros minerales críticos, ¿cuáles considera que son hoy las principales brechas de gobernanza que enfrenta América Latina y el Caribe para desarrollar estos recursos de manera responsable? ¿Dónde observa mayores oportunidades de mejora?

La existencia de recursos naturales no garantiza por sí sola el desarrollo socioeconómico; lo determinante radica en la gobernanza que define dónde y cómo se extrae, bajo qué reglas y con qué destino para la renta. En América Latina y el Caribe, la primera gran brecha reside en el ordenamiento y la planificación territorial temprana. Resulta indispensable consensuar con las comunidades locales y pueblos indígenas las zonas aptas y las áreas de exclusión, evitando expandir la frontera extractiva hacia ecosistemas frágiles o salares con severo estrés hídrico, ya que la atención de la crisis climática no puede vulnerar la biodiversidad.

La segunda brecha estructural corresponde a la distribución efectiva de los beneficios generados. La región no puede continuar limitada al rol histórico de proveedora de materias primas sin transformación local; requiere políticas industriales orientadas a crear ecosistemas de proveedores, transferir tecnología y diversificar las economías mineras. Asimismo, este beneficio debe reflejarse en los territorios productores mediante mecanismos directos de participación económica, empleo y servicios, superando las fallas tradicionales de los regímenes de regalías.

La principal oportunidad de mejora consiste en transformar dos décadas de aprendizajes en participación ciudadana y consulta previa en un estándar regional articulado. Frente a un mercado internacional que define nuevas reglas de trazabilidad y sostenibilidad para las energías limpias, los países deben evitar una competencia a la baja en exigencias normativas y presentarse en las mesas de negociación global con una posición técnica y estratégica propia.

La región necesita acelerar el desarrollo de nuevos proyectos mineros, pero también fortalecer sus estándares ambientales y sociales. Desde la experiencia de NRGI, ¿qué cambios institucionales y regulatorios podrían contribuir a mejorar los tiempos y la previsibilidad de los proyectos sin debilitar los mecanismos de protección ambiental y participación de las comunidades?

La agilización de las inversiones y la solidez de los estándares socioambientales no son objetivos contrapuestos; lo que dilata los proyectos no es la rigurosidad ambiental, sino la falta de reglas claras y la debilidad de las capacidades estatales para resolver expedientes. La respuesta no consiste en desregular, sino en robustecer técnicamente a las agencias fiscalizadoras y dotarlas de instrumentos concretos de mitigación de riesgo —como garantías financieras obligatorias, seguros ambientales y fondos de cierre de mina— que brinden certeza a las poblaciones locales y previsibilidad financiera a las empresas.

Asimismo, es imprescindible cerrar la brecha entre los marcos legales y su cumplimiento efectivo, complementando el ordenamiento territorial con altos niveles de transparencia. Publicar íntegramente los estudios de impacto ambiental y los planes de mitigación resulta primordial para reducir la discrecionalidad administrativa y prevenir redes de corrupción en el otorgamiento de concesiones, evitando que las decisiones regulatorias queden expuestas a litigios, movilización social o interferencias indebidas.

Por último, los marcos normativos deben superar el enfoque de la consulta y la participación ciudadana como un mero trámite administrativo inicial. El diálogo debe ser temprano y mantenerse a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto mediante herramientas como el monitoreo ambiental participativo y la co-gestión de acuerdos territoriales. Para que estos compromisos sean sostenibles, se requiere una presencia permanente del Estado en el territorio que asegure su cumplimiento y prevenga la conflictividad futura.

La expansión de la minería de minerales críticos también implica mayores necesidades de generación, transmisión e infraestructura energética. ¿Cómo debería evolucionar la gobernanza del sector para que las decisiones sobre desarrollo minero y planificación energética estén mejor coordinadas? ¿Qué riesgos aparecen cuando ambos procesos avanzan por separado?

Es imperativo transitar hacia una gobernanza integrada donde minería, energía y agua se entiendan como un único sistema. La transición energética global demanda minerales críticos, pero extraerlos y procesarlos exige volúmenes crecientes de electricidad y desalación de agua de mar, requiriendo mayor potencia firme por unidad productiva debido a la caída en las leyes del mineral.

Planificar estas áreas de forma aislada genera dos riesgos severos. En el ámbito territorial, la operación minera puede entrar en competencia directa con comunidades y actividades agrícolas por recursos esenciales, profundizando tensiones socioambientales y contradicciones de desarrollo en zonas con déficit de cobertura. En el plano climático, la falta de coordinación retrasa la descarbonización del sector y eleva la huella de emisiones en etapas posteriores como la fundición, justo donde la región busca agregar valor local.

Para evitar cuellos de botella e improvisaciones con combustibles fósiles, los planes de desarrollo minero y de expansión de transmisión deben cruzarse de manera vinculante en los distintos niveles de gobierno. Cuando esta articulación ocurre tempranamente, la minería se transforma en un ancla estratégica de inversión para desplegar redes eléctricas y energías renovables que mejoren el acceso y abaraten los costos energéticos para las comunidades locales.