Gobernanza territorial, valor compartido e integración minero-energética

Hoy vemos una competencia global muy fuerte por el acceso al cobre, al litio y a otros minerales críticos para la transición energética. Frente a este escenario, ¿qué capacidades institucionales y acuerdos de política pública necesita consolidar América Latina y el Caribe para fortalecer su posición en las cadenas globales de valor y participar activamente en las decisiones que definirán el futuro de estos mercados?

América Latina tiene un potencial minero ampliamente reconocido, que hoy se traduce en proyectos concretos de litio, cobre y níquel. A esto se suma una ventaja creciente: las condiciones para producir estos minerales son cada vez más favorables por la composición relativamente limpia de la matriz energética regional y por su amplio potencial renovable.

Sin embargo, el desafío no debería limitarse a cuánto mineral puede producir y exportar la región. La pregunta central es qué posición quiere ocupar América Latina en la nueva economía y cómo puede capturar mayor valor a partir de sus recursos.

Para avanzar en esa dirección, Huapaya identifica cuatro capacidades prioritarias: contar con políticas mineras, energéticas e industriales claras y legitimadas; acelerar la ejecución de proyectos de minerales críticos e infraestructura asociada; ampliar el acceso al conocimiento para que ciudadanos y actores no técnicos puedan comprender y aprovechar las oportunidades; y fortalecer la coordinación regional para pasar de los acuerdos expresados en foros a proyectos conjuntos concretos.

Desde una perspectiva de gobernanza, Picón plantea que la región también enfrenta la oportunidad de revisar las formas tradicionales de gestionar los recursos naturales. Los problemas acumulados de conflictos, desconfianza y relaciones transaccionales hacen necesario construir nuevos modelos centrados en el desarrollo de los territorios y de las personas que viven en ellos.

La experiencia internacional muestra, además, que la construcción de acuerdos no depende exclusivamente de los gobiernos. La articulación entre empresas, sociedad civil y comunidades puede generar nuevos contrapesos y puntos de convergencia para definir modelos de desarrollo más sostenibles.

La experiencia en territorio demuestra que muchas veces las mesas de diálogo entre empresas, gobiernos y comunidades no logran transformarse en mejoras concretas de desarrollo. Tomando el trabajo de ALE y GAH en la región, ¿qué condiciones son necesarias para pasar de la instancia de diálogo a mecanismos efectivos de implementación conjunta que generen beneficios sostenibles para los territorios?

El diálogo ha perdido legitimidad en algunos territorios porque históricamente fue utilizado para dilatar conflictos, desescalar situaciones violentas o postergar decisiones. Frente a ello, la propuesta es cambiar su función.

Esto implica abandonar una lógica puramente transaccional y construir objetivos concretos que permitan ordenar la acción colectiva. En lugar de acuerdos abstractos sobre planes integrales de desarrollo, se propone definir prioridades verificables, establecer metas e instrumentos para ejecutarlas y respetar las decisiones y prioridades del territorio.

Picón agrega que estos procesos deben diseñarse pensando en su durabilidad. La gobernanza no puede depender exclusivamente de una autoridad, un funcionario o un líder empresarial, sino que debe distribuir el liderazgo entre gobierno, empresas y sociedad civil.

Para ello, identifica tres transformaciones necesarias: avanzar hacia el codiseño y la copropiedad desde el inicio, incorporando a autoridades tradicionales y actores locales en las decisiones y la implementación; superar el asistencialismo, evitando que la empresa sustituya al Estado y promoviendo, en cambio, el fortalecimiento de la gobernanza local; y adoptar una gestión adaptativa, capaz de orientar decisiones compartidas en contextos complejos e inciertos.

El desarrollo de nuevos proyectos mineros requiere infraestructura energética y de conectividad que, en muchos casos, debe desplegarse en territorios alejados de los principales centros urbanos. ¿Cómo puede una planificación coordinada entre los sectores minero y energético contribuir no solo a garantizar el suministro necesario para los proyectos, sino también a ampliar el acceso a infraestructura y servicios para las comunidades y actividades productivas de estos territorios?

Uno de los principales desafíos identificados es la desconexión entre la planificación energética nacional y los instrumentos de desarrollo territorial subnacional. Cuando los proyectos llegan al territorio pueden encontrarse con planes de desarrollo, dinámicas de cuenca y actividades productivas que no fueron consideradas durante su diseño.

Frente a esta brecha, se plantea la necesidad de alinear la planificación energética con las estrategias locales y las cadenas de valor existentes, fortalecer las capacidades de los equipos técnicos municipales y empresariales e institucionalizar espacios multiactor que permitan pasar del diagnóstico a la implementación y el monitoreo.

La experiencia regional muestra que la falta de coordinación también puede generar competencia entre proyectos y actividades que dependen de los mismos recursos. El nuevo contexto obliga, en cambio, a integrar minería, energía y territorio.

La infraestructura debe dejar de pensarse exclusivamente como un habilitador de la operación minera y convertirse en una oportunidad para el desarrollo territorial.

En este sentido, la articulación entre minería, electricidad y territorio resulta clave para evitar que las inversiones se desarrollen de manera aislada y para transformar la infraestructura asociada a los proyectos en un habilitador de capacidades, servicios y actividad productiva local.

América Latina no solo debe decidir cuánto mineral producir, sino qué posición quiere ocupar en la nueva economía, cómo gobernar los procesos de transformación y cómo asegurar que las inversiones en minería y energía se traduzcan en desarrollo para los territorios.